Ministra del Trabajo detalla avances de Comisión que mejorará condiciones de seguridad

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Camila Merino, informó que la Comisión de Seguridad en el Trabajo —encargada por el Presidente Sebastián Piñera el 23 de agosto pasado tras el accidente en la mina San José— tiene avanzado su trabajo de diagnóstico y propuestas para mejorar las condiciones laborales. Antes de presentar a la subcomisión mixta el presupuesto 2011 del Ministerio del Trabajo, la ministra señaló que “estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para que un accidente como el de la mina San José no vuelva a ocurrir. La Comisión ha recibido una serie de testimonios y recomendaciones, y mañana termina su período de sesiones en regiones, con una reunión en Puerto Montt”. La secretaria de Estado informó que el diagnóstico es que Chile debe elevar sus estándares de seguridad hacia las exigencias que tienen los países desarrollados; se debe aumentar el número y la calificación de los fiscalizadores; se debe mejorar la coordinación entre los entes fiscalizadores, y se debe trabajar para crear una cultura de seguridad. Dado el avanzado estado del trabajo de la Comisión, la ministra Camila Merino le presentará un pre informe al Presidente Sebastián Piñera en los próximos días, para luego entregar el informe final el 22 de noviembre. “Tenemos que reforzar la fiscalización, y hacerlo no sólo en número. Debemos tener a más gente experta y por eso vamos a capacitar a los trabajadores. Una de las críticas que escuchamos en la Comisión es que muchas veces el fiscalizador no ve los riesgos, porque no conoce la industria que está fiscalizando. Vamos a mejorar ese aspecto”, dijo la ministra del Trabajo. Camila Merino agregó que se está estudiando qué modelo de coordinación de fiscalizadores adoptar, ya que hoy actúan varias entidades en caso de un accidente. “Tenemos que estar mejor coordinados. Hay países que tienen un solo ente, con fiscalizadores especializados. Otros tienen varios entes fiscalizadores. Tenemos que ver cuál es el modelo que nos conviene como país”, sostuvo la secretaria de Estado. Merino señaló que otro aspecto relevante es el de crear una cultura de seguridad, que permita que el cumplimiento de las leyes —de parte de empresas y trabajadores— se transforme en algo cotidiano. “Esta cultura debe empezar en el colegio y en la casa. Esa es la única manera de bajar nuestras tasas de accidentabilidad y mortalidad en el trabajo”, dijo la ministra Merino.

50 AÑOS DEL BLOQUEO A CUBA

Pese a varias afirmaciones, Washington aún no está dispuesto a levantar el embargo contra Cuba, impuesto hace exactamente 50 años. El bloqueo, además de afectar a la situación financiera de la isla, le cuesta más de mil millones de dólares anuales a la economía norteamericana.

La situación empezó un día como hoy, medio siglo atrás, y durante todo este tiempo Estados Unidos ha ido variando los motivos para esta medida represiva. Barack Obama se había comprometido a establecer un diálogo con La Habana, pero no llegó a producirse.

“El embargo ya no funciona excepto para contentar al voto electoral de los estados de Nueva Jersey y Florida, bastiones del exilio cubano que hoy sostiene un poder económico y político que obliga al gobierno estadounidense a aguantar medidas anticuadas que ningún bien le han hecho al pueblo cubano, ni a la industria estadounidense por las oportunidades comerciales que podrían darse con Cuba”, dice Alfredo Durán. Él no es el típico cubano estadounidense, su oposición al embargo contra Cuba trasciende los aspectos ideológicos del conflicto.

Para Durán, ex combatiente de Playa Girón y activo personaje del partido demócrata en Florida, este bloqueo es un artículo obsoleto, una herencia del pasado y la incomprensión.

En los primeros meses del gobierno de John F. Kennedy quedaba claro que Cuba había tomado un camino distinto a los intereses norteamericanos en la región; la propaganda estadounidense de aquel entonces buscaba desprestigiar la revolución de Fidel Castro, a la par que justificar las medidas económicas en contra de la nación caribeña.

En febrero de 1962, Kennedy firmó una orden ejecutiva que imponía el bloqueo de la isla. Pero a diferencia de la normativa de Eisenhower del año 60, que sólo establecía la prohibición de exportaciones a Cuba, el nuevo decreto implicaba y consolidaba medidas políticas, económicas, comerciales y financieras. Sin embargo, los líderes de la revolución no abandonaron su postura.

Adicionalmente, hoy la ley justifica la política de bloqueo, pero ya no con argumentos relacionados a la seguridad nacional. Los nuevos pretextos para sustentarlo se vinculan a la llamada “violación de los derechos humanos y la falta de democracia en Cuba”. Sin embargo, aún después de todo este tiempo, hay quienes admiran la entereza del pueblo al que se le impone el embargo.

“Estados Unidos es el único país que sostiene un embargo contra Cuba. Las Naciones Unidas han declarado su oposición a este tema. Sólo Israel, Palau y un par de países más apoyan esta postura. Esto, creo yo, nos deja en ridículo y además demuestra nuestra lejanía con respecto a los temas de política exterior”, comenta Mavis Anderson, miembro de Latin American Working Group.

Cuando Barack Obama asumía la presidencia de Estados Unidos, había vientos de cambio. Incluso hubo quienes decían que el fin del embargo estadounidense contra Cuba era cuestión de tiempo. A tanto llegó la esperanza que, en 2009, Obama anunció ante los mandatarios de Latinoamérica su firme objetivo de entablar un diálogo con Cuba que permita el levantamiento de varias restricciones. Terminar el bloqueo era el compromiso. “Ya han pasado 20 años desde la caída de la Guerra fría; 20 años. Entonces el momento, yo creo, está listo para levantar esta prohibición”, dijo entonces el senador demócrata de Connecticut, Christopher J. Dodd.

Pero, a pesar de las buenas intenciones, hoy, el embargo continúa. En Septiembre de 2010, Obama prolongó el embargo, justificando la medida con los intereses de Estados Unidos.

De acuerdo a la cámara de comercio estadounidense, el bloqueo de Cuba le cuesta más de mil millones de dólares a la economía cada año. Otras fuentes aseguran que serían entre dos mil y tres mil millones. En cualquier caso, todo este dinero sería muy útil hoy en día, cuando la recesión, así como el bloqueo de medio siglo, siguen haciendo historia.

Rompiendo tópicos sobre las personas sin hogar

(El 30% del colectivo se declara abstemio y nunca ha consumido drogas)
Viven cerca de nosotros aunque, quizás por miedo a lo desconocido, nunca les miremos a los ojos.  Fingimos indiferencia ante las personas denominadas “sin hogar”, un colectivo tan numeroso y cotidiano como misterioso, pues su verdad queda tapada por los tópicos sobre su naturaleza y forma de vida. Pero aún más grave que nuestro desconocimiento es cómo este pasa también por el filtro de los medios, que sin querer reiteran y consolidan una visión distorsionada de la realidad.
Por ello, la European Anti Poverty Network (EAPN), en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Política Social, ha elaborado una guía de estilo para ayudar a los periodistas a tratar este tema como merece. Mira a las personas sin hogar es, sin embargo, también un documento interesante para la ciudadanía en general. Y es que los datos que aporta son un pequeño empujón para cambiar nuestra perspectiva de esta realidad.
Cualquiera puede ser un sin hogar si se dan las circunstancias, pues este informe indica que son personas que han vivido una media de 7 u 8 sucesos traumáticos encadenados, a menudo por culpa del causa- consecuencia, cuando la mayoría de la gente vive una media de 3 ó 4 durante toda su vida. Al contrario de lo que se piensa, dos de cada tres personas sin hogar han alcanzado un nivel de educación secundaria y un 13% tiene estudios universitarios. Además, el 30% del colectivo se declara abstemio y nunca ha consumido drogas. Casi el 12% de las personas sin hogar trabajan y, entre los desempleados, la mitad buscan empleo. Sólo entre el 10 y el 15% practica la mendicidad. En lo que a higiene se refiere, os invitamos a reflexionar sobre la cantidad de baños públicos que hay en vuestra ciudad. Los motivos en este aspecto, pues, son obvios.

Más allá del romper tópicos, este documento también ahonda en el tipo de soluciones aportadas por la Administración. Son escasas y, a menudo, erradas en cuanto a los objetivos. Para empezar, el 60% de la población sin hogar considera que los servicios sociales le ayudaron poco o nada. “Menos de la mitad de la población sin hogar ha usado los servicios de alojamiento colectivos. Un alto porcentaje de los recursos se dedican a las necesidades básicas, y son todavía insuficientes las respuestas para la integración social”, versa el documento, y hace hincapié en la urgencia de una atención distinta a este tipo de personas, más enfocada a la integración y a la atención psicológica.

Para terminar de darle difusión a la iniciativa, la EAPN organizará el próximo 14 de octubre, y dentro del marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una jornada de encuentro con periodistas que “pretende ser un punto de inflexión en la relación que los medios de comunicación establecen con las personas más vulnerables de la sociedad, rompiendo el paradigma de victimismo y criminalidad asociado a las informaciones referentes a estas personas”. Se intercambiarán experiencias y se intentará, una vez más, combatir los estereotipos asumidos por todas las esferas sociales. Esperamos que la iniciativa tenga el éxito esperado.

Ingresó al Senado proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social

Un fuerte énfasis en el seguimento y evaluación de los programas sociales tendrá el nuevo Ministerio de Desarrollo Social.

 Abordar los diversos desafíos sociales, asegurar la consistencia de las prestaciones y beneficios  mediante la recolección y consolidación de la información; su análisis previo y el seguimiento de los programas que se llevan a cabo con recursos estatales, son los ejes del proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social, iniciativa que ingresó hoy al Senado.

La iniciativa, en primer trámite, será analizada por la Comisión de Gobierno y apunta a entregar "una visión global, alineada y coordinada de la política social del país, de modo de contar con una institucionalidad renovada, claramente definida y dotada de las atribuciones suficientes que permitan garantizar y asumir el rol preponderante que demandan los desafíos sociales del país".

De acuerdo al mensaje del Ejecutivo, se trata de crear “un órgano de administración y gestión que, en primer lugar, colabore con el Presidente de la República y con los diversos ministerios sectoriales en la tarea de alcanzar la debida coordinación de los programas sociales impulsados por el Estado, y que, asimismo, abogue por la consistencia y coherencia en materia de desarrollo social, que resulta imperiosa para alcanzar los objetivos sociales de este Gobierno”.

En lo fundamental, el proyecto propone que el Ministerio tenga un rol activo, en el ámbito de su competencia, en el proceso presupuestario a través de informes de monitoreo de ejecución y de evaluación previa de programas sociales y aquellos referidos a los proyectos de inversión.

En cuanto a la evaluación de los programas sociales que vayan a implementarse por el Ministerio de Desarrollo Social, por otros ministerios y por sus respectivos servicios públicos, la iniciativa propone realizar una evaluación ex-ante de éstos.

Por otro lado, se entrega la facultad de perfeccionar la evaluación previa de la rentabilidad social de los proyectos de inversión que soliciten financiamiento del Estado. Para ello se propone un fortalecimiento de las competencias y del ámbito de acción que tendrá el Ministerio en el Sistema Nacional de Inversiones.

Los resultados del seguimiento de los programas sociales que realice el Ministerio de Desarrollo Social estarán disponibles para que la sociedad civil conozca y evalúe la gestión del Gobierno, se destaca.

Asimismo se contempla la creación de un “Banco Integrado de Programas Sociales” que consistirá en un registro que contendrá todos los programas sociales nuevos y aquéllos que requieran ampliarse o reformularse, además de la recomendación emitida por el Ministerio de Desarrollo Social acerca de la conveniencia de su implementación. 

Una de las funciones primordiales del Ministerio de Desarrollo Social es que éste concentre la información de los beneficios sociales que otorga el Estado y de sus respectivos beneficiarios.

Tomando como base el Registro de Información Social, se creará el “Sistema de Información Centralizado de Receptores y Aportantes de Beneficios Sociales” que será un registro que contendrá todos los beneficios y beneficiarios de manera detallada y de fácil acceso.

Segunda Subsecretaría

La iniciativa propone separar las funciones de la nueva institucionalidad en dos áreas claramente delimitadas, para lo cual se hace necesario crear una segunda Subsecretaría, se sostiene.

Por una parte, se establece una Subsecretaría de Evaluación Social que será, entre otras funciones, responsable de la coordinación interministerial en materia de desarrollo social; el diseño de políticas, planes y programas; y de la supervisión del Sistema Nacional de Inversiones.

Y, por otra, se crea la Subsecretaría de Servicios Sociales, responsable de la coordinación e integración de los servicios y prestaciones sociales que entrega el Ministerio.

Además se propone la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, órgano colegiado, asesor del Presidente de la República e instancia de coordinación, orientación e información para los ministerios que lo integran, responsable de definir los lineamientos y objetivos estratégicos de la política social del Estado.

Dicho Comité, estará presidido por el Ministro de Desarrollo Social e integrado por los Ministros de Educación, Salud, Vivienda y Urbanismo, Secretaría General de la Presidencia, Trabajo y Previsión Social y  Hacienda, tendrá como funciones principales conocer las metas estratégicas de los ministerios sociales y su cumplimento; proponer al Presidente políticas; planes y programas sociales de aplicación o cobertura interministerial; proponer la  realización de evaluaciones de programas sociales; y adoptar medidas respecto a los programas en ejecución.

Este Comité reemplazará y ejercerá las funciones del Comité de Ministros creado en la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, reemplazará al Comité Interministerial establecido en la Ley N° 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social. http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=438561